Asociación Nacional de suboficiales y Gendarmes – Provincial Osorno persigue y hostiga a defensores de derechos humanos

Estimados/as

A través de este medio denuncio que hace un par de días las “Asociación Nacional de suboficiales y Gendarmes – Provincial Osorno” hizo llegar al rector de la Universidad de Los Lagos una nota en que solicita un sumario administrativo en mi contra por “no haber tenido una conducta ética profesional” y, además, advierte, que “iniciara acciones legales respectivas presentando una acusación por injurias y calumnias” de no lograr demostrar los hechos que han sido denunciados.

De todo ello me enteré hoy con el documento que añado en el anexo y que me fuera entregado por uno de los abogados de la universidad.

El motivo de esta acción tomada por la Asociación de Suboficiales y Gendarmes, está motivado por la participación que hemos tenido en la denuncia hecha contra un funcionario que es identificado por varios internos como el autor de haber quebrado el brazo de un interno con un sable en un allanamiento.  La denuncia fue presentada por el INDH de la Región de Los Lagos con los antecedentes que le proporcionamos y, a partir, de los datos que se fueron levantando en este proceso fue presentada, por el mismo organismo, una querella criminal por el delito de tortura.

He decidido hacer pública esta situación porque se trata de una acción corporativa llevada adelante por una asociación gremial con el objeto de impedir que las acciones de los observadores de derechos humanos sean realizadas cuando se está en presencia de vulneraciones de derechos de las personas privadas de libertad.

Considero que se trata una situación grave:

  1. El propósito fundamental de esta acción es amedrentar por haber participado en una denuncia que investiga un supuesto delito de tortura. Es decir, se trata de un grave antecedente con el cual se trata de impedir las tareas que intentan cumplir los observadores en derechos humanos de la sociedad civil, sino también inhibir el deber de denunciar que tenemos los funcionarios públicos cuando estamos siendo testigos de presuntos “delitos y de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, según quedaron tipificados en el artículo 150a de la ley 20.968”
  2. En segundo lugar, se trata de una amenaza que atenta contra los derechos constitucionales (art.19) que tiene cualquier ciudadano de este país.  La acción emprendida coarta la libertad individual de un ser humano, atenta contra la seguridad personal, ejerce una presión indebida contra el derecho al trabajo desarrollado con tranquilidad y, entre otros, el derecho a la libre expresión.
  3. Por último, se trata de una acción grave porque tiene un efecto inhibidor sobre aquellas personas y organizaciones que tengan una función activa en la defensa de los derechos humanos.

En todo esto me acompaña la sensación de abandono y vulnerabilidad. Miro con desazón la exposición en la que quedamos las personas que actuamos como observadores de DD.HH. Por tal motivo me ha parecido importante hacer público esta situación. Estoy seguro que lo mejor frente a estas situaciones es abrirlo a quienes puedan entender la importancia de lo que se trata y porque la difusión pública y la solidaridad pareciera ser la mejor defensa contra los que buscan actuar en el silencio y fuera del legítimo control ciudadano.

Les envío un atento saludo,

Fernando Codoceo

Osorno 17 de marzo de 2017

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