$hile: Comunicado del compañero Enrique Guzman. “Ninguna agresión debe quedar sin respuesta”

lobos“Ninguna agresión debe quedar sin respuesta”

Ahora y siempre, por cualquier hermanx y/o presx, ante cualquier ataque terrorista efectuado por el poder, ya que claramente la intención en nuestra situación es sembrar el terror e intimidar al entorno de compas lxs secuestradxs desde el 18 de septiembre del 2014; y la muestra mas clara e esto es mi encarcelamiento, el secuestro en la vía publica de uno de nuestros amigos el mismo día de mi detención, y un segundo amigo al que fueron lxs perrxs del GOPE hasta su casa para dejarle una citación para que “voluntariamente” asistiera a declarar.

Desde este escrito aprovecho de repudiar/despreciar/odiar a todxs lxs seres repugnantes/asquerosxs, a cada unx de lxs actores (rices) que llevan a cabo y mantienen toda estructura de poder.

Como respuesta a los hechos que relato, hemos decidido conjuntamente con mis hermanxs/compas/amigxs llevar hasta las ultimas consecuencias una huelga de hambre likida, en mi caso, a partir del martes 14 de abril.

Tambien como respuesta a lxs cabrxs/familias/amigxs que han decidido apañar nuevamente ante el ridículo proceso judicial que se lleva en nuestra contra, y que sabemos no es la primera vez que el bastardo poder intenta amedrentar/intimidar/castigar a todxs aquellxs que hemos decidido rechazar la manera de en que se nos obliga a existir/vivir.

Nuestras exigencias:

– El inmediato traslado de Nataly Antonieta Casanova Muñoz a un modulo/torre donde pueda tener relación y contacto con las demás secuestradas en el centro de exterminio donde la mantienen en un régimen de castigo y aislamiento, con una hora de patio desde su llegada. La solicitud se ha hecho en variadas ocasiones, no habiendo ninguna respuesta de la institución carcelera.

– La anulación inmediata de la “medida cautelar” en que se encuentra nuestro amigo/compa/hermano Guillermo Duran, el cual fue secuestrado el 18 de septiembre pasado, en la casa de Nataly, por el cual no se ha presentado ninguna prueba/mentira, respecto a la investigación que se lleva a cabo.

– Esclarecer la validez científica de la “pruebas” de ADN, supuestamente obtenidas en los lugares de las distintas explosiones de las cuales se nos acusa, y de la cual los payasos, guionistas, querellantes (especialmente los fiscales/payasos Orellana y Guzman) han sostenido tan decididamente desde el inicio de la investigación, ignorando que distintxs genetistas y criminalistas han descartado la validez de dichas pruebas.

– Exigimos el fin al hostigamiento/persecución que llevan a cabo las fuerzas represivas contra nuestro entorno, los cuales (a pesar de esto) de mantienen firmes y dignos, apañando en todas las instancias, no dejándose intimidar (por que no les compramos) ante los distintos ataques del poder imperante.

– Así tambien denunciamos y exigimos el fin de las agresiones y hostigamientos hacia lxs compas Nataly Casanova y Juan Flores por parte de lxs carceleros, que en distintas ocasiones a provocado golpizas, amenazas y acusaciones contra lxs hermanos y han provocado que sean castigadxs con visitas/encomiendas, días de castigo y aislamiento, con la imposibilidad de solicitar visita conyugal, etc.

– Mi liberación inmediata de la cárcel empresa donde me encuentro secuestrado, considerando el absurdo guión que han inventado nuevamente, con una ridicula acusación y absurdas/delirantes pruebas presentadas por lxs payasxs/fiscales.

Por ultimo manifestar que recibo cariñosamente cada uno de los alientos que me han hecho llegar a través de mi familia, agradezco cada gesto recibido, y que por supuesto no dejo de considerar con mucho agrado.

Aprovecho de enviar un saludo fraterno a cada una de las personas que apañan en este y otros sectores del mundo y que no vacilan en darle cara al poder, a través de variadas formas de expresión, en especial a lxs desconocidxs que por estos días han decidido no callar ante el reciente espectáculo policial/judicial que nos afecta hoy a nosotrxs; tanto fuera como dentro de los distintos centros de castigo y exterminio.

ABAJO EL ESTADO POLICIAL!!!

HUELGA DE HAMBRE LIKIDA INDEFINIDA!!!

Enrique Alfonso Guzmán Amadeo
Modulo 35
Cárcel Empresa Santiago 1

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3 respuestas a $hile: Comunicado del compañero Enrique Guzman. “Ninguna agresión debe quedar sin respuesta”

  1. El informe de la Oficina del Fiscal Especial Ignacio Carrillo Prieto

    http://www2.gnu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB209/#inform

  2. INFORME HISTÓRICO A LA SOCIEDAD MEXICANA
    INTRODUCCIÓN
    México, durante la prevalencia del régimen autoritario previo a la transición democrática,
    padeció la desaparición forzada de personas como fenómeno recurrente. Con motivo de esa situa-
    ción, la entonces denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación
    sobre desaparecidos, sobre todo con motivo de la llamada «guerra sucia» dirigida por instancias
    gubernamentales contra presuntos miembros de grupos subversivos durante la década de los se-
    tenta y principios de los ochenta del siglo XX.
    A finales de 1999 se realizó un balance de las acciones emprendidas por la Comisión Nacio-
    nal en torno al Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos, cuyo resultado generó el impe-
    rativo de trabajar en las investigaciones y dar a la sociedad una respuesta puntual, apegada a Dere-
    cho y a la verdad sobre las quejas presentadas. 1
    Los resultados a los cuales arribó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueron los
    siguientes:
    «… de los 532 expedientes de queja sobre desapariciones forzadas de personas durante la
    década de los 70 y principios de los años 80 del siglo XX, cuyas evidencias obtenidas durante su
    tramitación permitieron a esta Comisión Nacional emitir un pronunciamiento, de acuerdo con los
    principios de valoración de las pruebas, tales como los de la lógica, la experiencia, así como el de
    la legalidad que la llevaron a concluir que en 275 casos a las personas reportadas como desapa-
    recidas se les conculcaron sus derechos a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal
    y a la adecuada defensa, previstas en los artículos 1°,, 11, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución
    Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se traduce en una trasgresión a su derecho a la
    libertad, a la seguridad e integridad de su persona, a la igualdad ante la ley, a la justicia, a la
    circulación y residencia, a la protección contra la detención arbitraria, así como al proceso regular,
    protegidos en los artículos 1, 5, 7, 8.1, 11.1 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos
    1
    Los expedientes de queja que dieron origen a dicha investigación se integraron con motivo de las denuncias formuladas
    y los documentos aportados por los familiares de los quejosos, de manera directa o a través de alguna Organización No
    Gubernamental, de entre las cuales destacan la Unión de Padres con Hijos Desaparecidos; la Asociación de Familiares
    y Amigos de Desaparecidos de México y el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados
    Políticos de México; inconformidades que, en su gran mayoría, fueron encomendadas inicialmente para su sustanciación
    a la entonces Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para posteriormente turnarlas
    a la Comisión Nacional. Por lo anterior, el Consejo Consultivo de dicha Institución acordó la creación de un programa
    destinado a la búsqueda de desaparecidos, dando origen, el 18 de septiembre de 1990, al Programa Especial sobre
    Presuntos Desaparecidos. Se determinó ubicar el fenómeno en dos grandes rubros: 308 casos correspondieron a la
    zona rural y 174 a la zona urbana; adicionalmente, en el transcurso de las investigaciones se acumularon 50 casos más.
    En la zona rural destaca el Estado de Guerrero con 293 casos, en tanto que los restantes se encuentran distribuidos en
    diversas Entidades Federativas: el Distrito Federal, 9; Morelos, 2; Oaxaca, 2; Hidalgo, 1, y Puebla, 1. En cuanto a la
    zona urbana, de los 174 casos, 45 correspondieron al Distrito Federal; 40 a Sinaloa; 19 a Jalisco; 11 a Chiapas; 10 a
    Chihuahua; 9 al Estado de México; 9 a Michoacán; 8 a Sonora; 5 a Baja California; 5 a Nuevo León; 3 a Oaxaca; 1 a
    Hidalgo; 2 a Morelos; 2 a Puebla; 2 a Tamaulipas; 1 a Nayarit; 1 a Querétaro y 1 a San Luis Potosí. Cfr. Comisión
    Nacional de los Derechos Humanos, Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas
    en la década de los 70 y principios de los 80, México, 27 de noviembre de 2001.
    1
    Humanos, 2.1, 3, 5, 7,9, 11.1 y 13.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I,
    II, VIII, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y
    9.1 y 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.2
    Como fruto de su investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la
    Recomendación 26/2001 dirigida al titular del Ejecutivo Federal. El Ombudsman nacional solicitó
    al Presidente la República:
    «Se asuma el compromiso ético y político por parte del gobierno federal que usted
    encabeza, en el sentido de orientar el desempeño institucional en el marco del respe-
    to de los derechos humanos que reconoce y garantiza el orden jurídico mexicano y
    evitar por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos en la década de
    los 70 y principios de los 80 del siglo XX se puedan repetir…»
    La Recomendación en cita fue aceptada y como respuesta a la misma, el Ejecutivo Federal
    emitió el 27 de noviembre de 2001 un Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la
    procuración de justicia por delitos cometidos en contra de personas vinculadas con movimientos
    sociales y políticos del pasado. En la parte considerativa se señala que las demandas para el
    esclarecimiento de hechos y de justicia para los presuntos desaparecidos por motivos políticos,
    exigen una respuesta contundente y clara de la autoridad para dar a conocer la verdad, sanar viejas
    heridas y establecer nuevos pactos, todo a partir de una reconciliación que respete la memoria y
    abone a la justicia.
    Mediante el referido Acuerdo se giraron una serie de instrucciones, exhortos y solicitudes a
    dependencias y entidades de la administración pública federal a efecto de dar debido cumplimiento
    a las medidas tomadas.
    2
    ídem.
    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además consideró:
    «En los mismos términos se acreditaron acciones que implicaron torturas y tratos crueles e inhumanos, lesivos a
    la libertad de la persona y al derecho de todo detenido al respeto a la dignidad inherente al ser humano, lo que
    constituye la violación de las disposiciones contenidas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
    Unidos Mexicanos, así como 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a
    la integridad personal de los detenidos, quienes se vieron sometidos a todo tipo de vejaciones, torturas y demás
    tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, con lo cual también se les conculcaron los derechos contenidos
    en los artículos I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 3 de la Declaración
    Universal de Derechos Humanos; en cuanto a los allanamientos documentados se surte la conducta violatoria del
    artículo 16 constitucional, así como de los artículos 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
    17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
    y V y lX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; igualmente, se conculcaron el
    principio de legalidad y el derecho a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias, lo cual se traduce
    en violación a los Derechos Humanos previstos en los artículos 1°,, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política
    de los Estados Unidos Mexicanos; 1,7,8, 11 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1, 7,
    8,10 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como II, XVIII y XXVI de la Declaración America-
    na de los Derechos y Deberes del Hombre.»
    2
    Siendo que constitucionalmente corresponde al Ministerio Público la persecución de los de-
    litos, el Presidente de la República solicitó al Procurador General de la República nombrara a un
    Fiscal Especial, con el carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación, encargado de
    concentrar y conocer de las investigaciones, de integrar las averiguaciones previas que se inicien
    con motivo de las denuncias o querellas formuladas por hechos probablemente constitutivos de
    delitos- federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos contra personas vin-
    culadas con movimientos sociales y políticos, así como de perseguir los delitos que resulten ante los
    tribunales competentes y, en general, resolver conforme a derecho proceda.
    El Procurador General de la República mediante al Acuerdo A/001/02, el 4 de enero de 2002,
    designó a Ignacio Carrillo Prieto como Fiscal Especial para la atención de hechos probablemente
    constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en
    contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado.3
    A efecto de que el funcionario designado cuente con la autonomía técnica y operativa que
    requieren las tareas encomendadas, por medio del Acuerdo No. A/066/03 publicado el 24 de julio
    de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, el Procurador General de la República delegó diver-
    sas facultades para el debido cumplimiento de sus funciones en el Fiscal Especial. Entre otras, las
    facultades correspondientes a las autorizaciones en definitiva de las resoluciones de no ejercicio de
    la acción penal, de la reserva de las averiguaciones previas, determinaciones de acumulación, se-
    paración e incompetencia, solicitudes de cancelación o reclasificación de órdenes de aprehensión,
    formulación de conclusiones no acusatorias en los procesos penales, entre otros actos
    procedimentales. (Artículo QUINTO del Acuerdo en cita). 4
    En el Acuerdo del 27 de noviembre de 2001, el Presidente de la República, exhortó al Procu-
    rador General de la República para que conformara, por invitación, un Comité de Apoyo al Fiscal
    Especial, cuyo objeto es aportar a dicho servidor público los elementos históricos, sociales, políti-
    cos, jurídicos y demás necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones.
    En la integración de ese órgano colegiado de auxilio al Fiscal Especial, se buscó que sus
    miembros fuesen ciudadanos de reconocido prestigio público y experiencia en la rama jurídica o en
    la promoción y defensa de los derechos humanos.
    La complejidad que entraña el esclarecimiento de las desapariciones forzadas y otros deli-
    tos cometidos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado
    así como respecto de los hechos relacionados con el movimiento estudiantil de 1968 y de la agre-
    sión sufrida por los integrantes de la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971, requirió el
    diseño de un plan de trabajo que fue presentado a la opinión pública el 20 de marzo del 2002.
    3 Tal nombramiento lo realizó el Procurador en ejercicio de la atribución otorgada en el artículo 14 cuarto párrafo de la
    entonces vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente en la época, el cual le facultaba
    para, mediante acuerdo, crear»… fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos
    específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.»
    4 Con ello se ampliaron las atribuciones que le habían sido conferidas mediante el Acuerdo A/019/2002 que fue
    abrogado por el diverso ya referido.
    3
    El Plan de Trabajo de la Oficina del Fiscal Especial, asume las disposiciones legales que lo
    cimientan y las obligaciones éticas que presiden las tareas de la justicia, anteponiendo a cualquiera
    otra consideración la protección de la Constitución y en las leyes a los derechos de las victimas, de
    los ofendidos y de los inculpados y la salvaguarda de los derechos humanos en libertades funda-
    mentales reconocidos y proclamados por disposiciones nacionales e internacionales.
    Asume que la República es forma en que gobiernan y se gobierna para los derechos huma-
    nos y que es voluntad de reconocerlos y promoverlos, acudiendo en su defensa y restablecimiento,
    con todo el vigor de las instituciones.
    Reconoce que las medidas dispuestas por el Presidente de la República para la procuración
    de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos
    del pasado, representan la respuesta gubernamental a una importante exigencia ciudadana, mante-
    nida viva con fervor y perseverancia ejemplares que no deberá de ser desentendida nunca más.
    El Plan considera preciso que el orden jurídico prevalezca para que México alcance, con
    certidumbre, su destino democrático. Que la sociedad exige resultados concluyentes, apegados a
    la verdad de los hechos; que exige determinación y perseverancia para que los hechos atroces y
    reprobables, para erradicarlas en nuestro porvenir, pues sólo así la reconciliación deseada tendrá
    puntuales éticos y legales de solidez, los de la reconstrucción histórica y de la resolución jurídica, las
    cuales todos demandamos.
    Al presentar su Plan de Trabajo, el Fiscal Especial ha sostenido: «… la justicia es la clave del
    destino de la patria y que el país ha de probarse, a cada momento, por el empuje de sus ciudadanos
    que no permitirán equivocar el rumbo de México.» 5
    El Plan de Trabajo se desarrolla alrededor de 3 ejes, que contienen 5 programas a los que
    responden 64 acciones:
    PRIMERO.- EL JURÍDICO MINISTERIAL el cual comprende al conjunto de acciones que permitan in-
    vestigar e integrar las averiguaciones previas, ejercer la facultad de atracción y sostener la acción
    penal ante los tribunales federales.
    En ese tenor, el conjunto de conocimientos periciales actuales y los recursos tecnológicos
    necesarios para la investigación criminalística se ponen al servicio de este programa, acudiendo a
    los centros de investigación nacionales y del extranjero, tanto de instituciones encargadas de la
    procuración y administración de justicia como de las académicas y especializadas.
    5
    Cfr. Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Presentación al Plan de Trabajo del Fiscal
    Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de la República, México, 20 de
    marzo de 2002, pp. 3-4.
    4
    SEGUNDO.- Lo constituye el de INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL E HISTÓRICA, cuyas acciones contem-
    plan la integración de equipos interdisciplinarios de investigación documental, bibliográfica y
    hemerográfica, con el propósito final de esclarecer los hechos y dejar constancia de las verdades
    históricas que concurren en la perpetración de los ilícitos que se investigan. Alrededor de este eje se
    articulan procesos de comunicación social provechosa y oportuna. En todo caso, es preciso solici-
    tar la colaboración de entidades académicas, organismos gubernamentales y organizaciones no
    gubernamentales y de mecanismos de intercambio internacional de información y experiencias aná-
    logas.
    El proceso de consulta de archivos, expedientes y otros elementos documentales públicos y
    privados, traduce la necesidad de esclarecimiento histórico que es exigencia social que no admite
    diferimiento ni encuentra contradicción con las medidas ministeriales del Fiscal Especial.
    TERCERO.- Lo constituye el eje de COOPERACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL,
    alrededor del cual operan la coadyuvancia de los ofendidos y de los familiares de las victimas para
    acreditar del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados y la colaboración y
    participación de organismos públicos y organizaciones no gubernamentales, nacionales e interna-
    cionales.
    Ha sido preciso instrumentar medios de recepción de información y atención ciudadana en el
    territorio nacional mediante la implementación de direcciones de correo electrónico, enlaces vía
    Internet a través de la página de la Procuraduría General de la República y cualquier otro medio que
    permita la comunicación directa del Fiscal Especial y sus colaboradores con la sociedad, destacan-
    do las Oficinas Alternas del Fiscal Especial en diversas entidades del país, las cuales acercan la
    atención a la ciudadanía y sirven para recabar testimonios y observaciones de los denunciantes,
    ofendidos, familiares y de la sociedad y sus organizaciones.

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